El gobierno de Kiko Vega abandona Baja California este año con finanzas debilitadas, calificaciones negativas y deudas de millones de pesos que presuntamente fueron mal utilizados.
El gobierno de Baja California, bajo la administración de Francisco “Kiko” Vega, solicitó 4 mil 215.86 millones de pesos en créditos a corto y largo plazo. No se sabe en qué se usó una parte de los recursos, y otra fue destinada a fines distintos a los acordados en su contratación, reveló un informe de la Auditoría Superior de la Federación.
Además, los auditores encontraron “deficiencias” en la administración de cuatro fideicomisos por 419 millones de pesos y pagos en demasía a bancos por 14 millones de pesos, por lo que suma un total de 4,649.95 millones de pesos en posibles recuperaciones.
En una revisión a la Cuenta Pública del 2017 se encontró que el gobierno de Baja California fue uno de los que tuvo un mayor monto de recursos sin comprobar ante la ASF.
Animal Político buscó a Bladimiro Hernández Díaz, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado, por ser la dependencia encargada de la contratación de los créditos, pero no hubo respuesta.
Sin embargo, Miguel Ángel López, subsecretario de Planeación y Finanzas, dijo en entrevista que se entregó a las autoridades una comprobación por el uso y destino de 4,826 millones de pesos y que los resultados serán publicados en septiembre.
“Ya se comprobaron, y en las diversas reuniones que hemos tenido con los auditores en oficinas centrales de la ASF, nos han comentado que la información entregada por el momento cumple con todas las expectativas y condiciones y que muy probablemente estas sean solventadas”, comentó.
Los auditores alertaron que la entidad enfrenta altos niveles de endeudamiento, restringida calpacidad de pago, liquidez y suficiencia financiera, mientras que las calificacodaras Moodys de México y Fitch Ratings asignaron las calificaciones con perspectivas negativas.
Esto, señalaron, dificulta la obtención de resultados favorables al cierre de la administración –que termina en octubre próximo– y es necesario que se implementen “medidas financieras eficaces y extraordinarias”.