Después de que se diera a conocer el uso de malware Pegasus para espíar las conversaciones de activistas pro Derechos Humanos y periodistas, el gobierno mexicano se comprometió a investigar y parar el uso de la app; sin embargo se mantiene activa y entrará en una fase complicada con la entrada del nuevo gobierno. 

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México (CISEN), es una de las agencias gubernamentales de México que ha utilizado la aplicación espía Pegasus, información que trascendió tras el escándalo del uso del malware por parte del gobierno federal.

No es la primera ocasión que se cuestiona la actuación del CISEN, la más reciente en febrero pasado cuando el excandidato a la presidencia, Ricardo Anaya acusó que agentes de la agencia lo vigilaban, para evidenciarlo publicó un video en sus redes sociales, con el que muestra cómo un Jeep, placas YHA8608, lo siguió el 11 de febrero, cuando viajaba a la Ciudad de México desde Coatzacoalcos.

Por su parte, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que su administración terminará con el espionaje gubernamental realizado desde el CISEN: “dejará de intimidar a los mexicanos, va a desaparecer y ya no será un instrumento de vigilancia al servicio de la Secretaría de Gobernación”.

López Obrador ha dado a conocer que en lugar del CISEN surgirá la Agencia Nacional de Inteligencia, y que dependerá de la nueva Secretaría de Seguridad Pública; dependencia que encabezará el abogado y especialista en políticas públicas, Alfonso Durazo, quien recientemente aclaró que se va a tratar de una transformación, y que ya trabajan en el nuevo modelo de seguridad nacional.

Cabe señalar que el espionaje gubernamental representa una violación al artículo 16 de la Constitución está prevista en el Código Penal Federal(CPF), considerado un delito grave que alcanza sanciones de 6 a 12 años de prisión.

Con base en este artículo, los servidores públicos responsables de operar el malware Pegasus podrían ser castigados por violar los artículos 177 y 211 Bis del código citado.

Un análisis técnico-jurídico realizado por las organizaciones Artículo 19, Social TIC y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), con apoyo del Citizen Lab, señala que este tipo de espionaje informático no cabe en ninguna de las excepciones previstas en la ley para que un juez otorgue la autorización de su utilización.

Al respecto, Eduardo Guerrero, un exmiembro del CISEN declaró a The New York Times, que aunque un juez federal está facultado para autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas, no procede si no existen los elementos necesarios para realizar esa solicitud, y que en el caso de la utilización de Pegasus, es muy poco probable que el gobierno haya
recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos de los activistas y periodistas.

“Las agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una orden a la corte porque saben que no la obtendrían (…) no se puede justificar esa intervención. En México nadie pide permiso para hacerlo”, detalló Guerrero.

Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí.